Autor:
Gonzalo Laurentxena

Se podría decir que el sindicalismo histórico está contento con esta reforma laboral porque no se declara la educación ni el transporte público como actividades "esenciales", es decir, que un día de paro deban prestar al menos el 50% del personal de servicio.


Los puntos aprobados son:
Declarar los trabajos tercerizados como empleos directos, con lo cual estas empresas deben hacerse cargo de los trabajadores en salud y previsión social, más allá de que sea una tarea para otra empresa (tercero).

Será optativo el Fondo de Cese Laboral Voluntario, donde sin quitar el resto de aportes, el empleado puede elegir destinar una parte de su salario a este fondo para cuando se retire de ese empleo, al estilo seguro de desempleo.

Se reduce el período de prueba de 8 a 6 meses para la mayoría de las empresas y pymes, con excepciones de 8 meses para empresas de 6 a 100 trabajadores, y 1 año en empresas de 5 trabajadores.


No se aprobó:
Ni se votó el artículo para penalizar las asambleas bloqueativas o bloqueos de empresas, que presentaban penas de 6 meses a 3 años de prisión.

El Mega DNU 70/2023 frenado en la Justicia planteaba condenas de 3 años a 6, respectivamente.

Eliminar el principio "in dubio pro operario", es decir, ante la duda de un juez antes del fallo, siempre a favor del empleado.
Para el gobierno esto genera una industria del juicio y miedo a contratar gente, y para los opositores del gobierno es una de las herramientas de un trabajador para evitar un abuso de poder.

Reducir el cálculo de indemnización laboral, que contemplaba, por ejemplo, eliminar el aguinaldo del cálculo. Los argumentos debatidos son muy similares al punto anterior.

Declarar la mayor parte de las actividades económicas y sociales como esenciales. "La descripción de tareas esenciales era tan amplia que casi ningún trabajo quedaba afuera", señalan los abogados laboralistas.

Incluir como injuria laboral y motivo de despido la participación de empleados en huelgas/ bloqueos de empresas.