El Decreto 697/2026 reorganizó el Sistema Nacional de Control de Alimentos y disolvió el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), mientras el SENASA pasó a concentrar funciones de registro, control y fiscalización. El Ministerio de Salud, por su parte, conserva la rectoría sanitaria en materia alimentaria.

La modificación no elimina las obligaciones que deben cumplir las empresas para producir y comercializar alimentos. El Código Alimentario Argentino continúa siendo la norma fundamental del sistema, por lo que las exigencias sanitarias y de inocuidad siguen vigentes bajo la nueva organización administrativa.

Uno de los cambios centrales será la utilización de una Base Única de Datos administrada por SENASA, que concentrará información de establecimientos, productos, laboratorios, inspecciones, infracciones, sanciones y habilitaciones. Las autoridades nacionales y jurisdiccionales deberán mantener actualizada esa plataforma.

También se introdujeron modificaciones para agilizar importaciones y evitar controles duplicados sobre determinados productos que cuenten con certificaciones emitidas por países con sistemas reconocidos o que apliquen estándares del Codex Alimentarius. Para ciertos alimentos importados destinados a venta directa, la norma prevé controles posteriores al ingreso al país.

El decreto fija además un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver proyectos de modificación del Código Alimentario y establece que los carnets de manipulación tendrán validez en todo el territorio nacional sin vencimiento una vez otorgados.

Frente al nuevo escenario, el análisis de Correa apunta a que las empresas revisen procedimientos internos, documentación y registros. La reorganización cambia autoridades y circuitos administrativos, pero no reemplaza las exigencias de inocuidad y cumplimiento técnico que rigen para la actividad.