La tensión entre el Ejecutivo local y organismos de derechos humanos sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en vivo un informe especial sobre supuesta violencia institucional ejercida por la patrulla municipal en General Pueyrredon.

La respuesta del intendente Guillermo Montenegro (PRO) no tardó en llegar y generó polémica. A través de sus redes sociales, lanzó una crítica directa al financiamiento del organismo:

“AVISO IMPORTANTE A LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: sus impuestos se van en este organismo que no presenta ni un balance, ni una rendición, ni un presupuesto”.

Pero Montenegro fue más allá y cuestionó también el rol de la CPM como organismo de control:

“TORTURA ES LO QUE LOS TRAPITOS LE HACEN SUFRIR A LAS PERSONAS CUANDO ESTACIONAN SU AUTO”.

En su descargo, el jefe comunal defendió su política de seguridad urbana y remarcó acciones de su gestión, como el desalojo de ocupaciones ilegales, la intervención en la zona roja, el retiro de cuidacoches y personas en situación de consumo del espacio público:

“Recolonizando el espacio de la gente: sacamos prostitutas de la zona roja, a Grabois del Marquesado, a okupas de las casas, a los fisuras de las veredas, a los trapitos de las calles”.

Las declaraciones de Montenegro generaron cruces inmediatos entre sectores que defienden su política de orden y quienes acusan un avance punitivista en la ciudad.