La decisión del gobierno nacional de avanzar con una reforma del sistema de revisión técnica vehicular abrió una nueva disputa entre la administración de Axel Kicillof y dirigentes del PRO. En ese contexto, el senador bonaerense Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires adhiera al nuevo Régimen Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

La iniciativa busca incorporar a la Provincia al esquema establecido por la Secretaría de Transporte de la Nación, que permite que talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores puedan realizar inspecciones técnicas, terminando con la exclusividad de las plantas concesionadas.

Según argumentó Montenegro, el sistema actual quedó desactualizado frente al crecimiento del parque automotor y mantiene una estructura cerrada que limita las opciones de los usuarios.

“Esta nueva reglamentación representa una actualización tan necesaria como postergada de un sistema que se mantiene casi sin cambios desde los años 90”, sostuvo el legislador.

El proyecto plantea además que el Ministerio de Transporte bonaerense adapte la normativa provincial para permitir la incorporación de nuevos prestadores. Desde el PRO consideran que la medida permitirá más competencia, mayor oferta de servicios y menos burocracia para los conductores.

La propuesta generó una rápida respuesta del gobierno de Kicillof. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, rechazó la iniciativa y defendió el esquema vigente.

“La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales”, afirmó.

Sin embargo, desde la oposición sostienen que la Provincia vuelve a ubicarse del lado de las estructuras que frenan cambios que podrían beneficiar a los usuarios. En esa línea, el senador Pablo Petrecca aseguró que el gobierno bonaerense llega "siempre tarde" a las transformaciones que demanda la sociedad.

“Hace falta más competencia, más talleres habilitados, menos burocracia y un sistema que les facilite la vida a los vecinos en lugar de complicársela”, remarcó.

Además, aclaró que la propuesta no implica eliminar controles ni reducir exigencias de seguridad, sino modernizar un sistema que consideran agotado.

La discusión vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre el modelo impulsado por la gestión nacional y el enfoque de la administración de Kicillof. Mientras Nación busca abrir el mercado y ampliar la oferta de prestadores, la Provincia apuesta por sostener un esquema que sus críticos consideran cada vez más rígido, costoso y alejado de las necesidades actuales de los bonaerenses.