El proyecto impulsado por Noelia Álvarez Ríos para derogar la Ordenanza 25.125 abrió un fuerte debate político en el Concejo Deliberante y volvió a poner en discusión cómo se administran los recursos municipales vinculados a políticas de género. Aunque el expediente quedó en comisión, la iniciativa de La Libertad Avanza logró instalar una discusión que atravesó al oficialismo y obligó a distintos sectores a salir a explicar el funcionamiento de las partidas presupuestarias.

Durante la reunión de la Comisión de Políticas de Género, Álvarez Ríos sostuvo que el objetivo del proyecto no apunta a desconocer problemáticas vinculadas a la violencia o las desigualdades, sino a avanzar hacia “un Estado eficiente, inteligente y transparente con los recursos”. En esa línea, remarcó que dentro del presupuesto municipal existen más de 7.600 millones de pesos etiquetados bajo esta perspectiva y cuestionó la falta de indicadores concretos sobre los resultados de esas partidas.

La concejal libertaria también planteó interrogantes sobre la aplicación de este esquema en distintas áreas operativas del municipio, como el EMSUR o el EMVIAL, y reclamó mayor claridad sobre el impacto real de los recursos asignados. Ese planteo generó una inmediata reacción de la oposición, que defendió el sistema actual y aseguró que se trata de una herramienta de identificación presupuestaria y no de nuevas erogaciones.

El debate también dejó matices dentro del interbloque oficialista. Desde la UCR y el PRO marcaron diferencias respecto del alcance práctico de la derogación, aunque coincidieron en la importancia de discutir el uso de los fondos públicos y mejorar la información disponible sobre las partidas municipales.

La radical Vilma Baragiola defendió la utilidad técnica del etiquetado presupuestario y recordó que la herramienta comenzó a aplicarse durante la actual gestión municipal. Por su parte, Julián Bussetti consideró que el debate tiene un fuerte componente ideológico, aunque aclaró que determinadas políticas sociales deben seguir siendo financiadas.

En el tramo final de la discusión, el clima político se tensó aún más luego de que desde la oposición cuestionaran la postura libertaria y vincularan el proyecto con una supuesta falta de comprensión sobre las desigualdades estructurales. Álvarez Ríos rechazó esas acusaciones y respondió que el planteo de La Libertad Avanza apunta exclusivamente a discutir la eficiencia y el control de los recursos municipales.

Ante la falta de consenso, la comisión resolvió dejar el expediente en análisis y solicitar informes legales y técnicos al Ejecutivo municipal antes de avanzar con el tratamiento legislativo.