La crisis económica que golpea a la provincia de Buenos Aires empezó a abrir nuevas tensiones dentro del propio peronismo. Mientras los municipios denuncian el impacto del ajuste impulsado por Javier Milei, varios intendentes oficialistas comenzaron también a expresar malestar por decisiones y prioridades de la gestión de Axel Kicillof.

Uno de los planteos más duros surgió desde un jefe comunal del Conurbano bonaerense, que resumió el reclamo con una frase cargada de preocupación. “No puede faltar comida, balas ni remedios”, aseguró al describir el escenario social que enfrentan los municipios y la necesidad de concentrar recursos en asistencia alimentaria, seguridad y salud pública.

El mismo dirigente sostuvo además que el gobernador debe decidir “quién sufre menos y quién sufre más” frente a la escasez de fondos. En los municipios reconocen que la Provincia no puede cubrir todas las demandas que dejó de atender el Estado nacional, aunque también cuestionan algunos gastos y movimientos de la administración bonaerense en medio del ajuste.

Entre los reclamos que circulan en el oficialismo aparecen críticas por obras consideradas no prioritarias y observaciones sobre áreas específicas del gabinete provincial. Algunos intendentes pusieron en duda el avance de licitaciones vinculadas al río Salado y otros apuntaron contra partidas destinadas al Ministerio de Mujeres y Diversidad en plena crisis financiera.

La situación económica de los municipios también profundizó el malestar interno. Un informe de la consultora PPA reveló que las transferencias automáticas enviadas a las comunas durante el primer trimestre de 2026 registraron su peor nivel desde la pandemia. Sólo en marzo hubo una caída real interanual del 8,2 por ciento, mientras que la coparticipación bruta se desplomó un 18,6 por ciento.

Desde el gobierno bonaerense, el ministro Carlos Bianco responsabilizó directamente a Javier Milei por la caída de recursos y habló de una “grave crisis” económica. Según explicó, la Provincia acumula pérdidas y deudas por 24,6 billones de pesos entre obras paralizadas, caída de coparticipación, programas suspendidos y reducción de ingresos propios.

En paralelo, dirigentes alineados con Kicillof intentaron reforzar el discurso contra el Gobierno nacional. Sebastián Echarren, jefe de Gabinete de Castelli, afirmó que “la motosierra ha calado muy hondo” y aseguró que los municipios intentan sostener la asistencia sanitaria y social frente al recorte de fondos nacionales.