La decisión del presidente Javier Milei de eliminar los giros de fondos a 13 cajas de jubilaciones provinciales, establecidas por ley desde la gestión de Mauricio Macri, genera un nuevo conflicto entre el gobierno nacional y los gobernadores. Esta medida, implementada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ha llevado a que algunos distritos consideren acciones judiciales, ya que la falta de transferencias afecta directamente las finanzas provinciales y el pago de las jubilaciones de los empleados públicos.

Las cajas de jubilaciones provinciales, que no fueron transferidas a la Nación, se financian principalmente con los aportes de los trabajadores, pero el gobierno nacional cubre el déficit mensual. Anteriormente, las provincias afectadas recibían las partidas sin actualización, incumpliendo la ley, pero desde enero no han recibido ningún fondo adicional, lo que ha generado una deuda acumulada respaldada por ley.

Según estimaciones, la deuda acumulada de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con estas cajas ronda los US$2000 millones, parte de los cuales podrían ser "compensables" por acreencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sin embargo, la falta de información y discrepancias en los cálculos complican aún más la situación.

La eliminación de los giros de fondos por parte de Milei deja a los gobernadores en una encrucijada, ya que ahora deben decidir cómo cubrir el déficit en el corto plazo, lo que podría implicar congelar haberes o desviar otras partidas presupuestarias. A pesar de los pedidos iniciales de los gobernadores para resolver el pago de la deuda acumulada, el gobierno nacional no ha accedido a estas demandas, aumentando las tensiones entre ambas partes.