El Gobierno liderado por Javier Milei ha dado un paso significativo hacia la desregulación económica al derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, implementado por el expresidente Alberto Fernández para controlar los precios de servicios cruciales como el cable, Internet y telefonía móvil. Esta acción, respaldada por el nuevo decreto 302, también afecta ciertos artículos de la Ley Argentina Digital N° 27.078, promulgada en 2014 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

El DNU 690/20 había declarado a estos servicios como públicos en competencia, congelando sus precios temporalmente y otorgando al Estado la autoridad para supervisar y aprobar cualquier aumento futuro. Sin embargo, las medidas cautelares interpuestas por las principales empresas del sector impidieron la completa implementación de estas regulaciones.

El nuevo decreto busca liberar el mercado y permitir el desarrollo sin restricciones de estos servicios esenciales, eliminando la intervención estatal en la fijación de precios. Se han revocado disposiciones clave, como el artículo 48 de la Ley Argentina Digital, que establecía pautas para fijar precios justos y razonables, así como la facultad del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para regular tarifas en interés público.

Además, se ha eliminado el reconocimiento del carácter de servicio público esencial y estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, lo que refleja una clara intención de reducir la intervención del Estado en este sector.