El Gobierno ha denunciado un vasto esquema de corrupción y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), estimando un desvío total de USD 3.400 millones. Las auditorías revelaron que solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplían con los requisitos establecidos. En uno de los casos más insólitos, se presentó la radiografía de un perro como prueba de incapacidad laboral. Las irregularidades incluyen radiografías duplicadas, documentos médicos descargados de Internet y certificados que contenían poesía en lugar de diagnósticos médicos.

El director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el fiscal federal Guillermo Marijuan están al frente de la investigación, que ya ha derivado en una denuncia penal. La nueva administración, que ha identificado un sistema de pensiones altamente susceptible al fraude, estima que entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas serán anuladas tras una exhaustiva auditoría. Las pensiones fraudulentas ya detectadas han sido dadas de baja.

Además de las irregularidades en la concesión de pensiones, se descubrieron gastos injustificados, como la contratación de artistas y la organización de eventos no relacionados con la asistencia a personas con discapacidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló desde la Casa Rosada que, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, las pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentaron de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han enfrentado guerras.

El fiscal Marijuan afirmó que el aumento de pensiones durante el gobierno de Alberto Fernández se debió a la flexibilización de los criterios para su otorgamiento y a un circuito paralelo de tramitación para favores políticos. La denuncia penal presentada incluye pruebas de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, algunas de las cuales poseían aviones, embarcaciones, múltiples automóviles y hasta 59 inmuebles.