Autor:
Jeremias Torres Tonetti

La confitería Boston cerrará el próximo 30 de septiembre tras seis años de conflictos y que persistió durante los últimos años con la administración de una sindicatura judicial.

De esta forma, alrededor de 40 trabajadores, que desempeñan tareas en dos locales de la firma, uno en avenida Constitución y otro en calle Buenos Aires, se quedarán sin empleo a partir del próximo lunes.

Un acuerdo judicial permite que los últimos propietarios, que enfrentan cargos por quiebra fraudulenta, recuperen el local ubicado frente a la Plaza del Milenio. Mientras tanto, el otro local, donde se encuentra la planta de elaboración, será transferido a un empresario que lo había adquirido previamente.

La administración judicial se inició en 2019, tras varios años de crisis y el anuncio de un posible comprador extranjero que los dueños esperaban convertir en un impulso para Confiterías Boston, convirtiéndola en una marca exportadora. Sin embargo, esos planes no prosperaron.

En cambio, el personal, que inicialmente superaba el centenar, comenzó a ser despedido. El conflicto aumentó y la empresa terminó bajo la supervisión de la justicia, que estableció una sindicatura y permitió que un grupo inicial de 14 o 15 trabajadores reanudara la producción y las ventas al público.

Este verano, la plantilla creció a más de medio centenar de empleados, impulsada por el aumento habitual de la demanda turística y la popularidad de la marca entre los visitantes de la ciudad.

Los propietarios, acusados y enfrentando un proceso judicial, alcanzaron en agosto un acuerdo en tribunales. Cumplieron con el pago de los créditos comprometidos, lo que les permitió evitar el juicio oral que se perfilaba en el expediente.

Se ha confirmado que el local de avenida Constitución será entregado al nuevo propietario, quien planea darle un uso diferente al actual enfoque gastronómico. Por otro lado, los empleados han indicado que las llaves del local de calle Buenos Aires quedarán en manos de los funcionarios judiciales, ya que el inmueble servirá como garantía para los compromisos pendientes que los responsables de la empresa aún tienen con sus trabajadores.