El texto del decreto está siendo discutido en varios despachos del Gobierno y cuenta con el respaldo de distintas entidades como la secretaría de Comercio, la secretaría de Transporte y el Banco Central. La iniciativa tiene como objetivo principal eliminar la exclusividad de Nación Servicios en la administración de los 400 millones de pasajes que se pagan mensualmente en todo el país.

El decreto derogará el anteriormente implementado Sistema Único de Boleto Electrónico y dejará atrás el convenio que regulaba el manejo monopólico de Nación Servicios. Esta medida, que viene acompañada de la participación del sector privado, busca modernizar el sistema SUBE y resolver problemas como la falta de actualización tecnológica y las largas filas para nominalizar las tarjetas.

Se espera que la llegada del sector privado promueva un sistema abierto donde los dispositivos instalados en colectivos y estaciones acepten todas las tarjetas de débito, crédito o prepagas, sin distinción de marcas o bancos. Además, se prevé que haya más de una empresa que ofrezca los servicios de provisión de lectores de tarjeta y el procesamiento de pagos, fomentando así la competencia en el sector.