El gobierno de Axel Kicillof ha reafirmado que no planea facilitar la municipalización del complejo balneario de Punta Mogotes, a pesar de las intenciones del intendente Guillermo Montenegro. Este conflicto se resolverá en los tribunales.

En medio de esta disputa, la Administración de Punta Mogotes (APM) anunció, a través del ministerio de Producción bonaerense y en el Boletín Oficial, la apertura de dos licitaciones públicas para otorgar derechos de explotación publicitaria en el complejo. Los contratos tendrán una duración de cinco años, lo que generará derechos y obligaciones hasta 2029 y podría impactar en el debate sobre la jurisdicción.

En la demanda que está en trámite en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, la Municipalidad ha expresado su deseo de avanzar con la municipalización del complejo balneario antes de que se realicen nuevas licitaciones para su explotación. La intención es que la propia Comuna diseñe el nuevo espacio. La Provincia ha reconocido esta situación; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, indicó que la municipalización no podrá llevarse a cabo antes de agosto de 2026, debido a los compromisos contractuales que tiene la APM con los actuales concesionarios.

Las aperturas de sobres para las nuevas licitaciones de explotación publicitaria están programadas para el lunes 11 de noviembre en la sede de la APM, ubicada en Catamarca y 3 de Febrero. La licitación más relevante incluye la concesión del sector parquizado de las lagunas sobre la Avenida de los Trabajadores, con un precio base de $37,5 millones anuales. La otra licitación se refiere a la publicidad en los tótems de la colectora Cleto Ciocchini y el acceso a pasillos públicos, con un precio base de $12,5 millones anuales, que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor del Indec.

El 9 de octubre, el intendente Montenegro presentó una demanda judicial contra la Provincia para lograr la municipalización del complejo balneario, que desde 1984 está bajo la gestión de la Administración Punta Mogotes (APM). Este ente interjurisdiccional se compone en un 70% por la Provincia y un 30% por la Ciudad, pero el control efectivo recae en la Provincia, que también designa al administrador general, actualmente Fernando Maraude, junto a Gonzalo Raventos (Provincia) y Carlos Aramburu (Municipio).

Antes de esto, la Comuna intentó saldar la deuda de la APM con la Provincia, que la Municipalidad calcula en poco más de 14 millones de pesos, con el objetivo de extinguir la figura de la APM y devolver la gestión del predio a la Ciudad. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por la Provincia, lo que llevó al intendente a avanzar por la vía judicial.

El 14 de octubre, el juez Simón Isacch admitió la demanda y dio las primeras instrucciones, incluyendo la citación de la APM como tercero y un plazo de 45 días para que la Provincia responda. El eje del debate jurídico se centra en si el Municipio tiene competencia para asumir la deuda de la APM, un ente que, aunque forma parte de su estructura, no está completamente integrado en el organigrama municipal.

La Municipalidad argumenta que sí tiene competencia, ya que se considera un tercero interesado en recuperar la administración del complejo, que estuvo bajo su control hasta la década de 1980. Además, mencionan un precedente en el que un tercero pagó una deuda, cuando la Provincia saldó la obligación de Proyectos Especiales de Mar del Plata Sociedad del Estado, el antecesor de la APM. Por su parte, la Provincia rechaza este argumento, afirmando que solo la APM puede cancelar la deuda y advirtiendo que podría demandar penalmente a Montenegro por malversación de fondos.