La Justicia Federal dispuso ayer la realización de 27 allanamientos por una causa que investiga una supuesta extorsión y coacción a personas beneficiarias de planes sociales.

Las medidas judiciales son contra dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, tras múltiples denuncias hechas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para denunciar posibles amenazas de dirigentes piqueteros o políticos.

En ese contexto, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por las causass que se investigan.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), tras la denuncia radicada por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia por primera vez sobre estos hechos. Entre los acusados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, entre otros nombres.

Según la denuncia, los acusados, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.

Al mismo tiempo, la investigación expone que los imputados desviaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, por el cual se desconoce el destino final de ese dinero, razón por la que se solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas a efectos de contar con un panorama global de sus patrimonios, para así determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.

El tribunal ha decidido confiscar los dispositivos electrónicos de los acusados, ya que la mayoría de los actos de coacción y extorsión se llevaban a cabo a través de estos medios, así como los registros de asistencia, los documentos relacionados con programas sociales y el funcionamiento de cada unidad de certificación, tanto como los documentos de cooperativas o asociaciones civiles, así como los registros de pagos, tarjetas bancarias y comprobantes de retiro de efectivo.

Se acreditó también que desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente.