A partir del próximo lunes, comenzará a regir un nuevo sistema para el registro de agentes de salud (obras sociales y prepagas), mediante el cual los trabajadores podrán direccionar directamente sus aportes al destino que elijan, eliminando la intermediación. Esta medida busca terminar con los contratos de triangulación que han operado durante décadas entre obras sociales y empresas de medicina privada.

La iniciativa, impulsada por la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, establece el 1° de diciembre como la fecha de inicio del nuevo régimen. Según el Gobierno, el cambio podría reducir costos y beneficiar a los afiliados, mientras que desde los sindicatos, esta decisión generó malestar y podría intensificar las tensiones con la CGT.

A partir del lunes, los afiliados, aproximadamente 4.300.000 trabajadores en relación de dependencia, podrán solicitar que sus aportes vayan directamente a las empresas de medicina prepaga, sin pasar por las obras sociales. Este trámite podrá realizarse a través de una plataforma digital habilitada por el Ministerio de Salud.

Según estimaciones oficiales, el costo de la triangulación, que representa entre el 3% y el 7% del valor del servicio, desaparecerá. Esto podría traducirse en cuotas más bajas o en aumentos más moderados, dependiendo de las decisiones que adopten las prepagas. Además, la Superintendencia de Servicios de Salud está trabajando en una actualización de la app Mi Argentina para que los usuarios puedan consultar cómo se distribuyen sus aportes entre prepagas y obras sociales.

En noviembre, el mecanismo de triangulación absorbió $41.158 millones. Este monto representa algo más de un tercio del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que recibe el 15% de los aportes salariales y está destinado principalmente a cubrir gastos médicos de personas con discapacidad.

El debate que plantea el Gobierno se centra en la utilización de los fondos del FSR, que en noviembre destinó $88.225 millones a coberturas, de los cuales dos tercios se dirigieron a educación y transporte. Desde Salud argumentan que estas áreas deberían ser responsabilidad de las provincias y no de los aportes del sistema solidario.

La cantidad de afiliados con discapacidad que reciben ayuda del FSR aumentó un 13,5% en el último año, mientras que el subsidio per cápita creció un 150,7%. Aunque esta cifra está por debajo de la inflación interanual acumulada hasta octubre (193%), supera el incremento del 108,4% registrado por el rubro Salud del índice de precios del Indec en 2023.

El Gobierno propone que las provincias asuman los gastos de educación y transporte que actualmente cubre el FSR, una erogación que en 2024 rondará los $450.000 millones. Aunque se han detectado facturaciones irregulares, Salud considera que reasignar estas responsabilidades podría aliviar la presión sobre el sistema de salud, aunque abre un debate sobre su impacto en las finanzas provinciales.

Este nuevo escenario marca un cambio profundo en el sistema de aportes de salud, con implicancias económicas y políticas que estarán bajo la lupa en los próximos meses.