Autor:
Jeremias Torres Tonetti

Las autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires anunciaron hoy en Mar del Plata que acudirán a la justicia para frenar lo que consideran una “subasta ilegal” de los terrenos de la ex Villa de Paso, realizada por el municipio a través del Banco Ciudad.

El anuncio tuvo lugar en el Congreso Inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires, que se lleva a cabo en el Espacio Cultural del Paseo Aldrey y reúne a más de 600 profesionales del sector que participan de jornadas de capacitación en la ciudad. Durante una conferencia de prensa previa a la apertura del evento, el presidente del Colegio provincial, Luis Colao, criticó con dureza al Ejecutivo local.

“El intendente Montenegro está llevando adelante subastas que son claramente ilegales, ya que hay una ordenanza que no se cumple y fue revocada por un decreto del intendente”, afirmó Colao, quien estuvo acompañado por el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi.

Cabe recordar que el municipio convocó para el próximo 20 de noviembre una nueva subasta, nuevamente a través del Banco Ciudad de Buenos Aires, de los cuatro terrenos en la ex Villa de Paso que no lograron venderse en la primera subasta del mes pasado. En total, son siete terrenos, y el proceso se lleva a cabo de manera totalmente online mediante una plataforma de la entidad bancaria.

Para Luis Colao, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, "este procedimiento se realizó bajo la premisa de que una plataforma en línea mejoraría el proceso de subastas. Sin embargo, esto quedó desvirtuado, ya que no se vendieron los terrenos ni al precio adecuado". Colao también criticó que “la subasta se realizó fuera de la Provincia y sin la participación de los martilleros locales”.

Desde el Colegio de Martilleros señalan que “hay algo más allá” en este proceso. Las subastas inmobiliarias no son una novedad, ya que se llevan a cabo desde hace décadas. No obstante, en este caso, el gobierno local decidió implementar un mecanismo alternativo que, según los martilleros, “es ilegal”.

“Hablamos de poco más de 1000 profesionales que dan trabajo de forma directa e indirecta a más de 20 mil familias de Mar del Plata. Montenegro afecta y menosprecia nuestra actividad. Lo hemos escuchado de algún concejal diciendo que es una cosa sencilla pero yo creo que lo fácil es hablar y ser concejal, pero no ser un profesional idóneo como los martilleros”, continuó, en cuento a las declaraciones del edil oficialista Agustín Neme.

Tras esto, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires presentó las gestiones administrativas correspondientes, pero “ahora iremos a la justicia”, anticipó Luis Colao este jueves.