Autor:
Jeremias Torres Tonetti

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una apelación contra la resolución del juez Simón Isacch, quien había dictaminado que la causa por la municipalización de Punta Mogotes debe ser tramitada en Mar del Plata y bajo el fuero contencioso administrativo.

En respuesta, el municipio de General Pueyrredon respaldó la decisión del juez de primera instancia y solicitó que la causa siga siendo tratada en la ciudad, elevando el caso a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que será la encargada de resolver si el expediente se dirimirá en Mar del Plata o si será derivado a La Plata, como planteó la provincia.

El conflicto surgió a partir de la demanda del municipio para avanzar en la municipalización de Punta Mogotes, lo cual está condicionado al pago de la deuda de la Administración de Punta Mogotes con la provincia.

En su apelación, el gobierno bonaerense propuso que el caso se resuelva en el fuero civil y comercial, en el Departamento Judicial de La Plata. Sin embargo, el juez Isacch rechazó este planteo, y la provincia recurrió a la apelación.

Matilde Casado, abogada del municipio, defendió la postura del juez, recordando que la provincia misma había sugerido que fuera el "derecho administrativo" el encargado de resolver el conflicto, una declaración que la provincia ahora no puede desconocer.

En cuanto a la competencia del Departamento Judicial, la provincia insistió en que la cuestión debía resolverse en La Plata, dado que el domicilio del demandado se encuentra allí. Sin embargo, Casado argumentó que el interés debe ser considerado del lado de la parte actora, en este caso, la Municipalidad de General Pueyrredon.

Finalmente, el juez Isacch resolvió elevar las actuaciones a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que sea ese tribunal quien determine cuál será el fuero y el lugar donde se resolverá la cuestión de fondo.