El gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó el monto de $14 millones que mantiene presentar la Municipalidad para recuperar el Complejo Punta Mogotes, mientras que el intendente Guillermo Montenegro irá por la vía de la Justicia para consignar la suma.

Mediante la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, el gobierno de Axel Kicillof respondió la carta documento que envió el Ejecutivo local, donde le pidió a la Provincia que acepte el pago. “La Administración de Punta Mogotes es una entidad pública interjurisdiccional con personalidad jurídica propia, regida por las disposiciones de su carta orgánica y por la normativa legal de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

“Sentado lo expuesto, se desprende entonces que el municipio de General Pueyrredon no mantiene, al menos por las causas que usted invoca en su misiva, deuda alguna con la Administración de Punta Mogotes”, continuó Martínez. No obstante, mantuvieron que el Departamento Ejecutivo del municipio de General Pueyrredon “carece de competencia administrativa para afectar recursos del erario municipal para realizar pagos y/o subrogarse en el ejercicio de las obligaciones de la APM, debiendo canalizar su accionar a través del representante respectivo en el órgano de gobierno previsto en la carta orgánica del ente, cuya existencia no puede desconocer”.

A su vez, la funcionaria indicó que "el obrar público debe estar subsumido al plexo legal vigente", por lo que los dichos del intendente no tienen "relevancia jurídica" ya que “el modo, la forma y las condiciones para la eventual denuncia del convenio aprobado por la Ley N° 10.283 se encuentran allí previstas en forma expresa”.

De esta forma, la Provincia advirtió a la comuna a que "se abstenga de realizar cualquier pago sin causa a esta Administración, reservándose los derechos de notificar tal novedad al Honorable Tribunal de Cuentas de esta provincia”.

Pese a esto, el intendente Montenegro no dio el brazo a torcer y esta mañana redobló la apuesta a través de su cuenta de X: “La Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago me denuncian. Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar”.

A pesar de esto, el jefe comunal firmó un decreto para modificar el presupuesto correspondiente, por lo que esto lo llevaría a realizar la consignación judicial de la deuda.