Kicillof bloquea la recuperación de Punta Mogotes y rechaza la propuesta de Mar del Plata

Axel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado bonaerense, rechazó la propuesta impulsada por el Municipio de General Pueyrredon y abrió un nuevo capítulo en la disputa por el control de Punta Mogotes.

La pelea por el control de Punta Mogotes ingresó en una etapa decisiva y volvió a exponer la resistencia del gobierno de Axel Kicillof a desprenderse de uno de los espacios más emblemáticos de Mar del Plata. La Provincia rechazó formalmente el pago realizado por el Municipio para avanzar en la recuperación del complejo y pidió a la Justicia que desestime las medidas impulsadas por la administración local.

El conflicto se produce en un momento especialmente sensible para el futuro del predio. Varias concesiones balnearias están próximas a vencer y el Ejecutivo municipal buscaba una medida cautelar que impidiera nuevos procesos licitatorios o eventuales extensiones contractuales hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Sin embargo, la Justicia optó por no resolver de manera inmediata y convocó a una audiencia presencial para el próximo 30 de junio.

Detrás de la discusión judicial aparece una disputa política que lleva décadas sin resolverse. Desde el Municipio sostienen que el depósito judicial realizado por más de 14 millones de pesos constituye la cancelación de la deuda pendiente y representa un paso indispensable para que la ciudad recupere la administración de Punta Mogotes. La Provincia, por el contrario, considera que esa interpretación es incorrecta y calificó la oferta económica como insuficiente.

En su presentación, la administración bonaerense recordó que el origen de la deuda se remonta a los años noventa, cuando el Estado provincial intervino para afrontar compromisos financieros vinculados al complejo. La Fiscalía de Estado sostiene que pretender cerrar esa obligación con una suma calculada en pesos históricos constituye un abuso del derecho y desconoce el verdadero valor del pasivo acumulado.

La estrategia provincial también incluyó un cuestionamiento institucional hacia la postura del Municipio. Según Buenos Aires, el deudor formal no es la comuna sino la propia Administración Punta Mogotes, un ente con personalidad jurídica propia. Bajo esa interpretación, el gobierno de Kicillof argumenta que no existe incumplimiento alguno que justifique una intervención municipal para cancelar la deuda de manera unilateral.

Otro de los puntos que profundizó el enfrentamiento fue el rechazo provincial a las auditorías impulsadas desde la administración marplatense. La Provincia se opuso a una revisión integral de balances, actas, documentación contable y situación financiera del ente administrador, una negativa que alimenta cuestionamientos de quienes reclaman mayor transparencia sobre el manejo del complejo durante los últimos años.

La controversia también escaló al terreno constitucional. En su escrito, la Fiscalía de Estado remarcó que la determinación del valor actualizado de la deuda corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo bonaerense y al Ministerio de Economía provincial, rechazando cualquier intervención judicial que pudiera modificar esos criterios.

Por ahora, la recuperación de Punta Mogotes quedó nuevamente atrapada entre expedientes, planteos técnicos y disputas políticas. Lo que para Mar del Plata representa la posibilidad de recuperar el control de uno de sus principales activos turísticos, para el gobierno de Kicillof parece convertirse en una causa que debe seguir bajo la órbita provincial, aun cuando la discusión continúe demorándose en los tribunales.