El sector pesquero de Mar del Plata enfrenta una etapa de incertidumbre debido a la falta de avances en la redistribución del CITC de merluza hubbsi, única especie aún pendiente de asignación. A esta preocupación se suman las recientes sanciones impuestas por la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, derivadas de presuntas infracciones durante la temporada de pesca de langostino entre 2020 y 2022.

Las sanciones, basadas en la Resolución 7 y la Resolución 171 de 2018, incluyen acusaciones como pesca en horarios no autorizados, exceder las 72 horas permitidas por marea y velocidades de arrastre superiores a los 3,5 nudos. Estas multas, que oscilan entre 40 y 80 millones de pesos por embarcación, e incluso alcanzan montos de hasta 200 millones de pesos, han sido calificadas por los armadores como desproporcionadas y confiscatorias. Además, algunas sanciones contemplan suspensiones preventivas de 30 días, afectando la operación de barcos clave de la flota fresquera.

Empresas del sector han respondido de distintas maneras: mientras algunas han negociado reducciones o planes de pago, otras han presentado descargos cuestionando la base técnica de las sanciones. Alegan que las imputaciones no consideran la complejidad operativa del entorno marino y que se basan en inferencias inexactas sobre la dinámica de los barcos en alta mar. También destacan irregularidades en la medición de la velocidad de arrastre y tiempos de espera en puertos saturados, calificando las medidas de las autoridades como arbitrarias y abusivas.

La posibilidad de judicializar el conflicto toma fuerza entre los armadores, quienes argumentan que las normativas actuales no reflejan la realidad operativa del sector y contradicen disposiciones de la Ley Federal de Pesca. A través de presentaciones al Consejo Federal Pesquero, han exigido la revisión inmediata de las sanciones y resoluciones vigentes.

El actual Director Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, Dr. Alejandro Bonicatto, enfrenta el desafío de resolver esta crisis. Mientras las autoridades defienden las medidas como necesarias para la sostenibilidad del recurso, el sector pesquero advierte que las sanciones excesivas comprometen la viabilidad económica de las empresas y el empleo en la región.

La situación pone en riesgo no solo la estabilidad económica del sector, sino también la confianza en las instituciones regulatorias. Una solución equilibrada es urgente para preservar tanto la sostenibilidad del recurso como la subsistencia de una industria vital para la economía de Mar del Plata.