Después de que el Gobierno nacional anunciara cambios en la Ley N° 26.743 sobre el derecho a la identidad de género, un grupo de personas trans presentó amparos en la justicia para frenar estos avances. El 25 de febrero, se solicitó una medida cautelar para que algunos afectados pudieran continuar con sus tratamientos médicos, lo cual fue considerado por el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2, bajo la dirección del juez Santiago Martín.

Desde la Asociación Mundo Igualitario (AMI Mar del Plata), junto al Frente Nacional Orgullo y Lucha y el Consejo Local de Niñez, se explicó que "se trata de toda una generación que creció con estos derechos ya incorporados, que inició tratamientos y sufriría graves perjuicios si se interrumpen de forma abrupta".

Las leyes de Cupo Laboral Trans y de Identidad de Género son pioneras a nivel mundial, y muchos países miran a Argentina como un modelo para crear legislaciones similares. Estos avances permitieron que la esperanza de vida de las personas trans aumentara de 35 a 41 años, y las comunidades buscan que este proceso no se detenga.

Marina Díaz, madre de un adolescente trans, destacó la importancia de estas demandas para el sector: "El camino no es fácil, aunque las leyes estén vigentes, siempre es complicado. La gente debe entender que ningún niño o adolescente elige este camino; no es una moda".

A lo largo de los años, AMI ha acompañado a más de 150 niños y adolescentes en proceso de transición, con casos tanto positivos como desafiantes. "Cuando uno lo transita de cerca, se da cuenta de que el proceso es guiado por ellos; lo único que queda es acompañar de la forma más amorosa posible", reconoció Marina.

A pesar de su oposición a la medida del Gobierno, Marina comprende que la intención es "proteger a las niñeces", pero también considera que "nadie les preguntó qué es lo que realmente necesitan. Lo que requieren es que los apoyemos en el camino que atraviesan. Quitarles esto es negarles la posibilidad de ser quienes son". Añadió: "Es algo que viene desde adentro, no es algo que impongan los padres".

Las demandas están patrocinadas por la abogada Claudia Vega, en colaboración con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y con el apoyo técnico de la experta en derechos de infancia y género, Marisa Herrera. Se basan en estudios de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que han alertado sobre las graves consecuencias físicas y psicológicas que puede generar la interrupción abrupta de terapias hormonales en adolescentes trans, como depresión severa, angustia y un mayor riesgo de suicidio.

"Vamos a luchar para recuperar los derechos que nos han quitado. Queremos que la angustia y el sentido de indefensión se conviertan en lucha para poder recuperarlos", concluyó Marina Díaz.