El fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que los padres de alumnos que sean identificados por amenazas de tiroteos en escuelas de General Pueyrredon deberán afrontar los costos de los operativos policiales y los daños generados. La medida se da en medio de una seguidilla de intimidaciones en distintos establecimientos.

Según explicó el funcionario, los progenitores serán citados a sede judicial para ser notificados de la decisión. La medida busca dar una respuesta frente a los episodios que obligaron a activar protocolos y desplegar recursos de seguridad en varias instituciones educativas.

Fernández Garello fundamentó la resolución en el contexto de reiteración de amenazas no solo a nivel local sino también provincial y nacional. En ese marco, aclaró que continuará la intervención de la fiscalía de menores en los casos donde se configure el delito de intimidación pública.

El criterio se apoya en el artículo 1754 del Código Civil, que establece la responsabilidad patrimonial de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores. Bajo esa figura, se buscará que afronten los gastos derivados de estos hechos.

En los últimos días se realizaron reuniones entre autoridades judiciales, representantes de colegios municipales y también del Obispado para coordinar acciones ante la situación en establecimientos educativos. La preocupación se extendió a distintos niveles del sistema educativo local.

Entre las instituciones que recibieron amenazas se encuentran el Instituto Fray Mamerto Esquiú, el Colegio Nuestra Señora del Camino, la EMES 206, el Colegio Huailen, el Instituto Educativo Punta Mogotes, el Instituto Nueva Pompeya, el Instituto Santa Cecilia y la Primaria N°27 “Eduardo Peralta Ramos”.